Luis Arriaga / El Universal, 5 de septiembre de 2010
El 26 de agosto de este año, Rodolfo Montiel rindió su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante el tiempo que le asignó el tribunal en la audiencia por el proceso que se sigue contra el Estado mexicano, el ecologista recordó la lucha que él y los campesinos agrupados en la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) libraron a fines del siglo pasado para defender sus bosques en el estado de Guerrero. Una lucha ardua en la que se vieron incluso obligados a defenderse de autoridades gubernamentales que actuaban, en complicidad con empresas maderas, contra la legalidad. Su relato constituye un testimonio sólido de que el debilitamiento del Estado proviene principalmente de las filas gubernamentales: compadrazgos, corrupción, impunidad, uso faccioso del sistema de justicia, falta de transparencia, discrecionalidad, arbitrariedad y empleo de la fuerza para dirimir conflictos constituyen algunos de los rasgos que subyacen a la sistemática violación de los derechos humanos en el país.
Los campesinos ecologistas de Guerrero iniciaron un proceso de conciencia social. Se movilizaron al constatar que los ríos se secaban, los cultivos desmejoraban y los animales y peces escaseaban por falta de agua. Al probar que la deforestación indiscriminada, favorecida por los caciques y permitida por el gobierno, era causa de los males que experimentaban, emprendieron una lucha que tuvo un momento importante cuando una de las empresas madereras decidió retirarse.
A esta movilización respondió el gobierno mexicano con la detención arbitraria y la tortura de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera a manos del Ejército. Fueron obligados a firmar confesiones autoinculpatorias que constituyeron la única prueba en que se basaron jueces y magistrados para sentenciarlos o confirmar su sentencia. Existen pruebas firmes de la tortura, jamás investigada por autoridades civiles sino por quienes la cometieron, es decir, por los militares que emplearon inconstitucionalmente su fuero. El mismo 26 de agosto, el doctor Christian Tramsen rindió su testimonio ante la Corte Interamericana, sobre los exámenes que practicó (junto con el doctor Morris Tidball-Binz, uno de los autores del protocolo de Estambul, el instrumento idóneo para la investigación de tortura) a Rodolfo y Teodoro en Iguala cuando estuvieron presos; estos comprobaron la tortura.
El Estado mexicano mantuvo ante la Corte Interamericana su rechazo a reconocer la inocencia de ambos, las violaciones a sus derechos humanos, así como la existencia de tortura. Envió para refutar a Rodolfo y sus representantes (el Centro Prodh y Cejil) a una doctora de la Procuraduría General de la República (PGR) que fue presentada como experta en detección de tortura. Sin embargo, ante las preguntas de los jueces mostró que su pericia en la materia no es respaldada por su trayectoria. La perita de la PGR, que basaba su argumentación en certificados médicos elaborados por la dependencia, admitió que estos generalmente no constituyen un examen médico completo ni cumplen con los estándares para la detección de tortura. Al ser interrogada sobre sus fuentes de información con respecto a la metodología empleada por los militares en el examen practicado a los detenidos, ella respondió que no contaba con los datos correspondientes. En suma, el Estado mexicano no fue capaz de sostener con pruebas sólidas su negación de la tortura contra los ecologistas, ni de justificar su detención, por cinco días, en manos de militares.
El proceso no ha concluido. Las partes presentarán por escrito sus alegatos, tras lo cual la Corte estará en condiciones de analizar el caso y emitir una sentencia. Confirmamos que en vista de lo acontecido los días 26 y 27 de agosto en San José, sancionará al Estado mexicano por las violaciones graves a derechos humanos reconocidos por la Convención Americana, entre otras razones por las irregularidades del proceso (como el hecho de conceder valor probatorio a pruebas obtenidas bajo tortura) y por la irregular investigación que muestra un uso indebido del sistema de procuración de justicia que castiga expresiones de descontento social.
A partir de esta sentencia, obligatoria para México, habrá que continuar la exigencia de justicia, es decir, buscar por todos los medios que hechos semejantes no vuelvan a suceder.